Menores acusados de crimen organizado en El Salvador irán a prisiones comunes, donde los controles son más estrictos
Por Merlin Delcid, CNN en Español
Los menores de 18 años condenados o que enfrenten un proceso penal en El Salvador por cargos de crimen organizado serán enviados a prisiones comunes ―donde los controles son más estrictos―, aunque permanecerán en áreas separadas de los adultos, según la reforma aprobada este miércoles por la Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo.
Los diputados, con 57 votos de 60 posibles, reformaron la Ley Penal Juvenil para que los menores que pertenecen a pandillas como la Mara Salvatrucha (MS13) o Barrio 18 acusados de delitos mayores ―como homicidios, secuestro y tráfico de armas― no reciban el mismo tratamiento que aquellos acusados de delitos menores o que han actuado de manera aislada o eventual.
Para cumplir con la reforma, los diputados también modificaron la Ley Penitenciaria para que la Dirección General de Centros Penales designe pabellones específicos para menores y mantenerlos separados de los adultos hasta que cumplan 18 años.
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, también estableció en las reformas que los menores que enfrentan una medida cautelar o pena de internamiento y que son procesados por delitos comunes van a seguir cumpliéndola como lo establece la Ley Penal Juvenil, Ley Crecer Juntos y otras cuyo fin es la reintegración social.
Las reformas aprobadas forman parte de la ofensiva que el Gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene contra las pandillas desde fines de marzo de 2022, como respuesta a un repunte de violencia que en un solo día dejó 62 homicidios.
Múltiples organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción vigente desde hace casi tres años por considerar que se violan derechos, incluidos los de algunas personas en prisión tras ser detenidas de manera arbitraria; el Gobierno rechaza esos señalamientos.
Desde el inicio del régimen, según las autoridades, han sido detenidas más de 84.000 personas, decomisado más de 10.000 vehículos e incautado más de 4.500 armas de fuego. El oficialismo también destaca que las medidas de seguridad han permitido más de 709 días ―no continuos― sin asesinatos, convirtiendo a El Salvador en uno de los países más seguros, luego de que hasta hace pocos años fue considerado uno de los más violentos por el accionar de las pandillas.
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