Trump pide a la Corte Suprema que ponga fin a la ciudadanía por nacimiento con un argumento sobre otra cosa
Por John Fritze, CNN
En su intento por implementar un plan para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el Gobierno de Trump cuenta con un argumento sobre jueces federales fuera de control que podría resultar irresistible para algunos conservadores de la Corte Suprema.
En lugar de esperar a pedir a la corte que se pronuncie directamente sobre los méritos de la ciudadanía por derecho de nacimiento, que el presidente Donald Trump está tratando de revertir, el Gobierno utilizó el jueves una serie de apelaciones de emergencia para argumentar que los tribunales inferiores están excediendo ampliamente su autoridad para bloquear la agenda de la Casa Blanca.
En efecto, es una estrategia que podría traer el mismo resultado: permitir que Trump, al menos temporalmente, le dé la vuelta a más de un siglo de leyes establecidas que forman parte del tejido de la sociedad estadounidense.
El uso de órdenes nacionales radicales, aunque temporales, ha “alcanzado proporciones epidémicas desde el inicio de la actual administración”, dijo la procuradora general interina Sarah Harris a la Corte Suprema sobre las apelaciones. “Este tribunal debería declarar que ya es suficiente”.
Por ahora, el tribunal no parece tener prisa por resolver los casos. Los tres jueces que tramitaron las apelaciones de Trump el viernes pidieron una respuesta de los grupos que desafían a Trump antes del 4 de abril, un plazo mucho más largo de lo habitual en el expediente de emergencia del tribunal.
Las apelaciones sobre el asunto de la ciudadanía por nacimiento llegaron al tribunal superior en un momento en el que los jueces están lidiando con una serie de controvertidas acciones ejecutivas que parecen diseñadas para traspasar los límites de la ley. La Corte Suprema ya se ha negado en dos ocasiones a anular las decisiones de los tribunales inferiores que bloquearon las iniciativas de Trump desde el 20 de enero.
Esos casos han suscitado encendidos disensos de algunos jueces conservadores que cuestionan el poder de los tribunales inferiores para obligar a la administración a frenar. La última apelación de Trump, que cita repetidamente a los jueces conservadores Neil Gorsuch, Clarence Thomas y Samuel Alito, parece diseñada para conseguir más apoyo para esa posición.
Pero los expertos dicen que el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento puede ser un vehículo particularmente improbable para cambiar la forma en que los tribunales inferiores hacen negocios.
Eso se debe en gran medida a la controversia que rodea la posición de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Durante más de 150 años, los tribunales han entendido que el texto de la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a cualquier persona “nacida o naturalizada en Estados Unidos” independientemente del estatus migratorio de sus padres.
“Hay argumentos sólidos sobre el alcance de los interdictos”, dijo Amanda Frost, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. “Este es un caso bastante débil para presentar ese tipo de argumento”.
Los tribunales han dictado interdictos radicales que exigen a Trump que detenga la aplicación de sus planes sobre la ciudadanía por nacimiento, entre una oleada de derrotas legales tempranas a las que se ha enfrentado el nuevo presidente. Un juez federal describió en enero el esfuerzo de Trump como “flagrantemente inconstitucional”. Tres tribunales federales de apelaciones se negaron a levantar esas órdenes.
La administración enmarcó su solicitud a la Corte Suprema como “modesta”, señalando que no busca levantar las medidas judiciales por completo, sino solo reducir su alcance a las partes que demandaron. Pero si la mayoría de los jueces acceden a la solicitud, tendría el efecto práctico de permitir que la administración avance con un decreto contra todos, excepto un puñado de personas.
“El argumento del gobierno es todo menos ‘modesto’”, dijo Rupa Bhattacharyya, directora jurídica del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional, que representa a dos de los grupos que desafían a Trump. “Destruiría el concepto mismo de Estados Unidos como nación si a los niños nacidos en Tennessee se les negara la ciudadanía mientras que a los niños nacidos en el estado de Washington se les concediera”.
En cierto sentido, Trump está presionando un argumento legal que tiene décadas de antigüedad y adoptando una posición que, en ocasiones, ha obtenido el apoyo de ambos partidos. En las últimas semanas del Gobierno de Biden, por ejemplo, el Departamento de Justicia también instó a la Corte Suprema a considerar la posibilidad de limitar el uso de los llamados mandamientos judiciales universales, una invitación rechazada por el tribunal.
Y la Corte Suprema se involucró en el asunto el año pasado en una apelación de emergencia relacionada con la estricta prohibición estatal de Idaho sobre la atención de afirmación de género para menores. La mayoría permitió a Idaho hacer cumplir su prohibición, anulando la orden judicial de un tribunal inferior que había bloqueado su implementación.
Gorsuch, en una larga concurrencia, lamentó las órdenes judiciales de los tribunales inferiores que se extendían más allá de las personas que desafiaban la política en primer lugar.
“Los tribunales inferiores harían bien en prestar atención”, advirtió Gorsuch en una opinión a la que se unieron Thomas y Alito. “Retirar el mandato judicial universal puede que no sea la respuesta a todo lo que nos aflige. Pero hará que los tribunales federales se ajusten un poco más a los límites históricos de su cargo”.
La concurrencia de Gorsuch es la primera opinión de la Corte Suprema que el Departamento de Justicia citó en sus apelaciones el jueves.
Harris argumentó que los tribunales no han prestado atención, sino que han redoblado la apuesta. No abordó el contraargumento: que los tribunales simplemente están reaccionando ante un presidente que se presentó abiertamente para sacudir el statu quo de formas que todos sabían que invitarían a impugnaciones legales.
“Los tribunales de distrito han emitido más medidas cautelares universales y órdenes de restricción temporal (TRO) solo durante febrero de 2025 que durante los tres primeros años de la administración Biden”, escribió.
Los presidentes de ambos partidos tienden a quejarse de los mandatos judiciales a nivel nacional, incluso cuando sus aliados a menudo los persiguen cuando el otro partido está en el poder. El Gobierno de Biden se vio obligado a detener las políticas relacionadas con la inmigración, el covid-19 y la condonación de préstamos estudiantiles.
Las órdenes de emergencia no deciden los méritos de un caso, pero suelen tener implicaciones prácticas significativas. En 2021, la Corte Suprema se negó a bloquear una ley de Texas que prohibía la mayoría de los abortos después de seis semanas de embarazo, a pesar de que la ley entraba en conflicto con la histórica decisión de la corte en 1973 en Roe vs. Wade. Meses después, la corte anuló Roe.
Incluso con ese historial, ha habido indicios de que algunos jueces están inquietos por la reciente avalancha de órdenes de tribunales inferiores.
Cuando la mayoría del tribunal dejó en pie este mes un fallo que exigía al Gobierno de Trump gastar rápidamente casi US$ 2.000 millones en ayuda exterior, Alito escribió una mordaz disidencia en la que acusaba al tribunal inferior de “arrogancia judicial”.
“¿Tiene un solo juez de un tribunal de distrito que probablemente carece de jurisdicción el poder ilimitado de obligar al Gobierno de Estados Unidos a pagar (y probablemente perder para siempre) US$ 2.000 millones de los contribuyentes?”, escribió Alito. “La respuesta a esa pregunta debería ser un enfático ‘No’”.
A Alito se unieron Thomas, Gorsuch y el juez Brett Kavanaugh, a un voto de la mayoría.
El Gobierno de Trump también está presentando un argumento de respaldo ante la Corte Suprema, que podría tener cierto peso.
Si los jueces no están dispuestos a permitir que los funcionarios implementen la orden, argumenta el Gobierno, entonces el tribunal debería al menos dejar que el poder ejecutivo haga planes para hacerlo.
Las órdenes de los tribunales inferiores bloquean dicha planificación interna en sentencias que, según el Gobierno, “microgestionan las operaciones internas del poder ejecutivo”.
Las órdenes “han impedido que los organismos ejecutivos desarrollen y emitan directrices públicas que expliquen cómo el poder ejecutivo llevaría a cabo la orden de la ciudadanía”, dijo Harris a la Corte Suprema. Esas órdenes, dijo, “exceden la autoridad de los tribunales” según la Constitución.
Si la mayoría del tribunal quiere dar a la administración una victoria en parte de su petición sin abordar las cuestiones más sustanciales implicadas, la cuestión de la planificación interna tendría el impacto más limitado.
La jueza de distrito de EE.UU. Deborah Boardman, nombrada para el tribunal por el presidente Joe Biden, cuestionó por qué los funcionarios querrían seguir adelante con la planificación de una orden que se entiende ampliamente como ilegal.
“Seguramente, el gobierno no tiene ningún interés válido en tomar medidas internas preparatorias para formular políticas y orientaciones sobre un decreto inconstitucional”, escribió Boardman el mes pasado.
Un precedente histórico de la Corte Suprema de 1898 afirmó la idea de que las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos, y el tribunal moderno no ha manifestado su deseo de revisar esa postura. Algunos conservadores han argumentado que esos puntos de vista de larga data son erróneos porque la 14° Enmienda incluye una frase que establece que la ciudadanía se aplica solo a las personas que están “sujetas a la jurisdicción” de Estados Unidos.
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