Juez da al Gobierno de Trump un día más para entregar información sobre deportaciones a El Salvador o invocar privilegio
Por Dan Berman y Devan Cole, CNN
El juez federal de distrito James Boasberg amplió el plazo para que el Departamento de Justicia le proporcione información sobre las deportaciones que el Gobierno de Trump llevó a cabo el pasado fin de semana en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, o decida si invocará el “privilegio de secretos de estado” para evitar divulgar la información.
Boasberg, que dictó la sentencia justo antes del límite autoimpuesto de hoy al mediodía, amplió su fecha límite hasta el jueves a la misma hora.
El Departamento de Justicia hizo un intento de última hora para evitar entregar al juez federal más información sobre las deportaciones que la administración Trump llevó a cabo el fin de semana pasado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, al argumentar que la solicitud podría afectar la seguridad nacional.
Boasberg, que durante un tiempo presidió el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, dijo que “no estaba seguro en este momento de cómo el cumplimiento de (su orden de información) pondría en peligro los secretos de Estado”.
La presentación de emergencia de la secretaria de Justicia Pam Bondi y otros altos funcionarios del Departamento a Boasberg se produjo apenas horas antes del límite del mediodía para que el gobierno proporcione al juez —bajo secreto— respuestas ante una serie de preguntas sobre las deportaciones, incluido cuál fue el momento exacto en que dos aviones con migrantes despegaron de territorio estadounidense y abandonaron el espacio aéreo el sábado, así como las horas específicas en que las personas deportadas en virtud del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump fueron transferidas fuera de la custodia estadounidense ese día.
“Las preguntas constituyen graves intromisiones en aspectos fundamentales de la autoridad absoluta e irrevisable del Poder Ejecutivo en materia de seguridad nacional, relaciones exteriores y política exterior”, declaró el Departamento de Justicia en respuesta al juez James Boasberg en una presentación de la mañana de este miércoles.
“Seguir insistiendo en lo mismo con el único fin de extraer del Gobierno hechos legalmente irrelevantes y que se encuentran completamente dentro del ámbito de las funciones esenciales del Poder Ejecutivo resulta inútil y frustrante para la consideración de las cuestiones jurídicas reales en juego en este caso”, escribieron en su presentación.
El escrito de siete páginas lleva más allá una disputa en curso entre el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump y Boasberg, designado por el expresidente Barack Obama y actual juez presidente del tribunal federal de primera instancia en la ciudad de Washington.
Los funcionarios le indicaron a Boasberg que suspendiera el plazo que había dado hasta el mediodía, en parte para tener tiempo para decidir si “invocar el privilegio de secreto de Estado” para evadir el cumplimiento de su solicitud.
“Se justifica un enfoque cauteloso, en lugar de un plazo acelerado de menos de 24 horas, para evitar obligar al Gobierno a tomar una decisión difícil: una invocación apresurada y posiblemente poco examinada del privilegio de secreto de Estado o la divulgación de información sensible de seguridad nacional y asuntos exteriores”, escribieron.
Si el Departamento de Justicia decide invocar el privilegio, el juez escribió en una orden de 4 páginas, que “está obligado a ‘determinar si las circunstancias son apropiadas para la reclamación del mismo’”.
Boasberg también rechazó enérgicamente los argumentos que el Departamento de Justicia presentó el miércoles de que no debería tener que cumplir con su solicitud de información porque el Gobierno cree que se extralimitó en su autoridad el fin de semana pasado cuando trató de detener las deportaciones de personas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
“El Tribunal busca la información fáctica en cuestión para determinar si el Gobierno cumplió con las órdenes de restricción temporales. El hecho de que esas órdenes de restricción temporales fueran legalmente defectuosas o legalmente sólidas no rige la investigación de cumplimiento”, escribió.
“Como la Corte Suprema ha dejado muy claro, el recurso adecuado para una parte sujeta a una orden judicial que cree que es legalmente defectuosa, y de hecho más tarde se demuestra que es tan defectuosa, es la revisión de apelación, no la desobediencia”, dijo el juez.
Boasberg ha emprendido una investigación sobre las deportaciones para determinar si el gobierno violó un par de órdenes que él mismo dio el sábado. Entre ellas, había ordenado que las deportaciones se detuvieran temporalmente mientras consideraba una impugnación legal contra el uso por parte de Trump de la autoridad, rara vez invocada en tiempos de guerra, para expulsar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Trump sugirió que Boasberg debería ser “destituido”, lo que provocó una inusual reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien afirmó que el sistema de apelaciones es la vía adecuada para resolver disputas legales.
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