Trump firma un decreto que ordena pedir prueba de ciudadanía para votar en elecciones federales
Por Tierney Sneed y Ethan Cohen, CNN
El presidente Donald Trump firmó este martes un decreto que busca reforzar los requisitos de prueba de ciudadanía para el registro de votantes, lo que, según los críticos, podría privar del derecho al voto a personas de bajos recursos y de la tercera edad que no tienen fácil acceso a documentos de ciudadanía como pasaportes o certificados de nacimiento.
Los legisladores estatales republicanos han buscado durante mucho tiempo requerir tales documentos para el registro de votantes, pero un gran obstáculo ha sido un fallo de la Corte Suprema que obliga a los estados a aceptar, al menos para las elecciones federales, el formulario de registro de votantes genérico ofrecido por la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU. (EAC, por sus siglas en inglés), que actualmente no requiere documentos que prueben la ciudadanía.
La orden de Trump instruye a la EAC a agregar el requisito y a retener fondos electorales de los estados que no hagan cumplir el requisito para los votantes que usan el formulario federal para registrarse. La EAC está compuesta actualmente por dos designados demócratas y dos republicanos.
“La Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU. revisa cuidadosamente el decreto del presidente y determinando los próximos pasos para mejorar la integridad del registro de votantes y las elecciones estatales y federales”, dijo el presidente de la EAC, Donald Palmer, en un comunicado. “También anticipamos consultar con funcionarios electorales estatales y locales”.
El decreto también instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a trabajar con el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk para revisar los padrones electorales estatales en un esfuerzo por identificar a los extranjeros en las listas, y entregar esa lista a los funcionarios estatales y locales encargados de gestionar las elecciones.
La medida probablemente generará alarma entre los defensores de los derechos de voto que han argumentado que las bases de datos de inmigración del DHS no están equipadas para verificar los padrones electorales sin las salvaguardas adecuadas, debido a que representan un riesgo de identificar a ciudadanos naturalizados para purgas.
El decreto facilita cambios potencialmente radicales en las prácticas electorales que los conservadores han buscado durante mucho tiempo, mientras capitaliza las afirmaciones falsas de Trump sobre un fraude generalizado en las elecciones de 2020. El impacto del decreto no será completamente claro hasta que se implemente, y partes de ella podrían ser impugnadas en los tribunales.
Las elecciones son administradas por funcionarios estatales y locales, con el gobierno federal desempeñando solo un papel limitado. Pero el decreto de Trump utiliza una serie de herramientas, incluida la amenaza de retener fondos federales, para impulsar cambios en las políticas electorales que, según los republicanos, harán que las elecciones sean más seguras. Sus oponentes argumentan que tales cambios crean obstáculos innecesarios para los votantes legítimos.
En una publicación de blog, Richard Hasen, experto en derecho electoral de UCLA, calificó el decreto de Trump como “una apropiación de poder ejecutivo” con el potencial de privar del derecho al voto a millones de votantes. “El objetivo aquí es la supresión de votantes pura y simple”, escribió.
“El decreto de Trump es ilegal. Impediría que los estadounidenses elegibles ejerzan su sagrado derecho al voto”, dijo en un comunicado la secretaria de estado de Colorado, Jena Griswold, que es demócrata. “La administración de Trump está utilizando el gobierno federal como arma e intenta dificultar que los votantes luchen en las urnas”.
El decreto fue bien recibido por grupos conservadores, incluida la Fundación Heritage. “El presidente Trump finalmente está tomando la acción que se necesitaba desde hace mucho tiempo para poner los recursos de agencias federales como los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia a trabajar ayudando a los estados, en lugar de tratar de obstaculizar sus esfuerzos para reformar nuestro proceso electoral”, dijo Hans von Spakovsky, gerente de la Iniciativa de Reforma de la Ley Electoral de Heritage.
El decreto también facilita que los estados accedan a dichas bases de datos federales para sus propias actividades de mantenimiento de listas.
Trump también ordenó a su secretaria de Justicia que tome “acciones de cumplimiento” contra los estados que aceptan boletas por correo que llegan después del día de las elecciones. Aproximadamente 20 estados, incluidos algunos estados clave, lo hacen actualmente, y la práctica fue el objetivo de litigios del Partido Republicano en el período previo a las elecciones de 2024, incluso cuando muchos de esos estados requieren un sello que confirme que las boletas estaban en el correo para el día de las elecciones.
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Fredreka Schouten de CNN contribuyó a este informe.
