Qué pasó con Kilmar Ábrego, el salvadoreño deportado de EE.UU. por error, y en qué va su caso
Por CNN en Español
Kilmar Armando Ábrego García es un salvadoreño que, según el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue deportado en marzo por “error” a su país de origen.
Ahora está confinado en la prisión de máxima seguridad que El Salvador utiliza para recluir a pandilleros, aun cuando un tribunal de inmigración había ordenado en 2019 que no fuera expulsado al país centroamericano.
Su caso se ha convertido en las últimas semanas en un emblema más de la controversial arremetida gubernamental contra los migrantes en territorio estadounidense y ha generado debates en torno a los límites del Ejecutivo en materia de inmigración y el debido proceso en los procesos de deportación.
A continuación, te presentamos las claves para entender esta controversia:
Ábrego García entró indocumentado y un juez había ordenado que no fuera deportado a El Salvador
Ábrego García entró a Estados Unidos de forma irregular alrededor de 2011, pero en 2019 un tribunal de inmigración suspendió su remoción. El fallo indicaba que el salvadoreño no podía ser deportado a su país de origen, pero sí a otro.
En su determinación, el juez de inmigración dijo que, en el país centroamericano, una pandilla local “lo amenazaba a él y su familia con matarlos” debido a que manejaban un negocio de venta de pupusas, uno de los platos típicos del país.
Ábrego fue arrestado el 12 de marzo por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) luego de salir de su trabajo en un sitio de construcción, según documentos judiciales.
Según una declaración judicial de un alto funcionario del ICE, la detención se dio por “debido a su destacado papel en la MS-13”, una pandilla de origen salvadoreño designada como organización terrorista extranjera por el actual gobierno.
Antes de su encuentro con ICE, y de acuerdo con documentos judiciales, Ábrego fue detenido por policías en Maryland en 2019 cuando estaba fuera de un Home Depot junto a otros hombres.
El Departamento de Policía del Condado de Prince George’s, en Maryland, consideró entonces que era un miembro de pandilla porque “llevaba una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con capucha”. “Un informante confidencial dijo que era un miembro activo de la MS-13”, según un documento judicial.
Los esfuerzos para obtener más información de las autoridades durante sus procedimientos de inmigración de 2019 no fueron fructíferos, según su abogado, quien dijo en documentos judiciales que Ábrego García no es miembro ni está afiliado a la MS- 13, argumentos que también apoya su familia.
A pesar de contar con una suspensión para no ser deportado a El Salvador, Ábrego fue expulsado de Estados Unidos el 15 de marzo y enviado hacia el país centroamericano. Al llegar, fue encerrado en el Centro para Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad más grande América Latina con capacidad para 40.000 internos y en donde se mantiene bajo condiciones extremas.
El 24 de marzo, una firma de abogados presentó una demanda en representación de Ábrego y su familiaen contra de varios funcionarios del Gobierno federal y solicitó ante un tribunal federal que el salvadoreño fuera liberado y regresado al país.
El 31 de marzo, el Gobierno de Trump admitió en un documento judicial que lo deportó debido a “un error administrativo” y argumentó que no podía devolverlo porque ahora está bajo custodia salvadoreña.
El 12 de abril, el Departamento de Justicia dijo en un documento presentado en corte que Ábrego estaba “vivo y seguro” en el Cecot.
El viernes 4 de abril, la jueza federal Paula Xinis, de Maryland, ordenó a la administración Trump regresar al salvadoreño antes de la medianoche del lunes 7 de abril, una petición desafiada por el Gobierno de Trump, que pidió a la Corte Suprema que bloqueara el fallo del tribunal.
El 7 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos pausó temporalmente el plazo ordenado por la jueza Xinis para que el Gobierno federal regresara a Estados Unidos a Ábrego.
La decisión del máximo tribunal no fijó una nueva fecha, pero dijo que en aras del “interés público” la administración Trump debía “facilitar” y “efectuar” el traslado de Ábrego al país, y devolvió el caso al tribunal inferior para que se asegure que el Gobierno cumpla con sus obligaciones.
El 11 de abril, de vuelta en el tribunal federal de Maryland, la jueza Xinis ordenó al Gobierno de Trump que “facilitara” el retorno del salvadoreño.
Luego, el 15 de abril, los abogados de Ábrego acusaron en documentos judiciales al Gobierno federal de haber malinterpretado la decisión de la Corte Suprema sobre “facilitar” su regreso al país.
“Para que la orden de la Corte Suprema tenga algún sentido, el Gobierno debería al menos estar obligado a solicitar la liberación de Ábrego García”, escribieron los abogados. “Hasta la fecha, el Gobierno no lo ha hecho”.
Pero los abogados del Departamento de Justicia han argumentado de que entienden que “facilitar” significa trabajar para “eliminar cualquier obstáculo interno” que pueda interponerse en el camino de su regreso y no un requisito de que soliciten a los funcionarios salvadoreños que lo liberen.
El lunes 14 de abril, el destino de Ábrego se sumergió más en el limbocuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que no tenía el poder de dejar en libertad a Ábrego a quien catalogó como terrorista sin aportar pruebas, durante una visita oficial a la Casa Blanca.
“¿Cómo puedo llevarlo? ¿Cómo puedo devolverlo a Estados Unidos? O sea, lo meto a Estados Unidos. Claro que no lo voy a hacer. La pregunta es absurda. ¿Cómo puedo llevar a un terrorista a Estados Unidos? No tengo el poder para devolverlo a Estados Unidos”, respondió Bukele a una pregunta de CNN mientras estaba junto a Trump, quien no tocó el tema y tampoco solicitó apoyo al mandatario salvadoreño en el asunto.
Al preguntársele si podía entonces soltarlo en El Salvador, el mandatario dijo: “No me gusta mucho liberar terroristas en nuestro país. Acaban de convertir la capital mundial del crimen en el país más seguro del Hemisferio Occidental, y quieren que volvamos a liberar criminales para que podamos volver a ser la capital mundial del crimen; eso no va a suceder”.
Mientras la Casa Blanca batalla para justificar sus acciones ante los tribunales, los abogados de Ábrego y su familia dijeron que se anotaron una “victoria” este martes 15 de abril, cuando la jueza Xinis permitió una investigación acelerada en el proceso para determinar si la administración Trump está cumpliendo con su orden de “facilitar” el regreso de Ábrego a EE.UU.
“Necesito pruebas al respecto porque hasta la fecha lo que consta es que no se ha hecho nada”, dijo la jueza federal en una tensa audiencia.
La jueza también rechazó el argumento del Gobierno federal de que la orden de que los funcionarios “faciliten” el regreso de Ábrego sólo significa “eliminar los obstáculos internos” que impedirían su capacidad de regresar a Estados Unidos.
En documentos judiciales, el Departamento de Justicia ha argumentado que “los tribunales federales no tienen autoridad para ordenar al Poder Ejecutivo que conduzca las relaciones exteriores de una manera particular, ni que se relacione con un soberano extranjero de una manera determinada”.
Mientras tanto, la pregunta qué muchos se hacen es cómo terminará el caso de Ábrego y si el resultado definitivo, sea cual sea, tendrá un impacto en el futuro de las políticas inmigratorias impulsadas desde la Casa Blanca de Trump y los límites del poder Ejecutivo en cuanto al debido proceso y su respeto por los fallos de la Justicia.
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Con información de Priscilla Alvarez, Michael Williams, Devan Cole, John Fritze, Tierney Sneed, Emily R. Condon y Hanna Park, de CNN.
