Movimiento MAGA ve a Brasil como un presagio para el EE.UU. de Trump, pero juicio a Bolsonaro muestra que están equivocados
Análisis por Julia Vargas Jones
Brasil cruzó una línea el jueves que nunca se había atrevido a cruzar: su Corte Suprema condenó al expresidente Jair Bolsonaro por conspirar para derrocar la democracia, y lo sentenció a más de 27 años de prisión. A los 70 años, el veredicto lo deja frente a la perspectiva de pasar el resto de su vida tras las rejas.
La decisión marca una ruptura extraordinaria con la historia del país de postergar la justicia en nombre de la paz. Durante décadas, generales, golpistas y torturadores caminaron libres bajo el escudo de leyes de amnistía aprobadas tras la dictadura de 21 años del país. Ahora, las mismas instituciones que alguna vez fueron intimidadas por el poder autoritario han declarado que un ex comandante en jefe conspiró para revocar las elecciones de 2022, asesinar rivales y finalmente desatar el caos en las calles para aferrarse al poder.
Los acontecimientos en Brasilia repercuten más allá de Brasil. El juicio se ha convertido en un punto candente global, aprovechado por movimientos de derecha en Estados Unidos y Europa como prueba de lo que llaman abuso judicial. Apenas días antes del veredicto, en el Día de la Independencia de Brasil, una gigantesca bandera estadounidense fue desplegada sobre un mar de simpatizantes de Bolsonaro que marchaban por la Avenida Paulista de São Paulo, un símbolo impactante de lo profundamente que ese sector de la población brasileña se identifica con sus homólogos estadounidenses y una manifestación visual del lenguaje compartido de agravios entre la multitud MAGA y el bolsonarismo.
Esa conexión se hizo aún más evidente cuando el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo a los periodistas, horas después de la decisión, que estaba “muy sorprendido” por el resultado y que el juicio era “muy similar a lo que intentaron hacer conmigo, pero no lo lograron en absoluto”. La Casa Blanca ya había impuesto aranceles del 50 % a las importaciones brasileñas en respuesta directa al enjuiciamiento de Bolsonaro, y Trump calificó el caso de “caza de brujas” en una carta a las autoridades brasileñas en julio.
A principios de esta semana, mientras los jueces comenzaban a leer sus decisiones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada sobre Bolsonaro durante una rueda de prensa y dijo que Trump no temería usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión en todo el mundo.
Todos estos acontecimientos fueron celebrados por destacados simpatizantes de Bolsonaro en Brasil y el extranjero como el resultado de una campaña de años para obtener apoyo a su causa en el círculo cercano de Trump. En los últimos años, los medios MAGA de vez en cuando han centrado su atención en la investigación y el juicio a Bolsonaro “como presagio de lo que vendrá” a Estados Unidos, como dijo el fallecido activista conservador Charlie Kirk en su programa de YouTube en marzo.
“Lo que le están haciendo a Bolsonaro es exactamente lo que les hubiese gustado hacerle al presidente Donald Trump”, dijo Kirk. Kirk había criticado la investigación a Bolsonaro durante años, e incluso Bolsonaro habló en un evento de Turning Points USA en Florida en 2023, presentado por el propio Kirk. En esa transmisión de marzo, Kirk instó directamente a Trump a castigar a Brasil con aranceles y sanciones por lo que llamó el “comportamiento imprudente e inmoral” de su Corte Suprema.
Pero a pesar de los aranceles y la retórica desde la Casa Blanca, el tribunal siguió adelante. El histórico fallo en Brasilia se produjo solo un día después de que Kirk fuera mortalmente herido de bala en un mitin en Utah. El juez Flávio Dino, en su propio dictamen, calificó la muerte de Kirk como un “grave crimen político” mientras reflexionaba sobre el impacto de ofrecer amnistía a quienes invadieron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. “Existe la idea de que la amnistía, el perdón, equivale a la paz. Pero se concedió el perdón en Estados Unidos y no hay paz”.
Tras la muerte de Kirk, los aliados de Bolsonaro inundaron las redes sociales con homenajes, presentándolo como un mártir de su misma lucha global, otro eslabón en la narrativa de que su batalla y la de Trump son una y la misma.
Sin embargo, en Brasilia, la sala del tribunal contó una historia diferente: meses de pruebas de un golpe en gestación y ecos de un país aún perseguido por los fantasmas de su dictadura. El ajuste de cuentas de Brasil con Bolsonaro es inseparable de su lucha más larga para enfrentar su pasado autoritario. Durante cuatro décadas, el país ha vivido bajo la sombra de un régimen que terminó en 1985 sin juicios ni tiempo en prisión para quienes presidieron torturas, desapariciones forzadas, exilios y ejecuciones. En 1979, el Congreso aprobó una amplia Ley de Amnistía que protegía tanto a los agentes del régimen como a sus opositores de la persecución judicial. La medida se presentó como un paso hacia la “reconciliación nacional”, pero en la práctica significó impunidad: los golpistas, generales y torturadores quedaron en libertad, muchos vivieron el resto de sus vidas con todos los honores y pensiones militares.
Los gobiernos democráticos que siguieron en gran medida mantuvieron intacto ese acuerdo, eligiendo la estabilidad sobre la justicia. Fue recién en 2012, con la creación de la Comisión Nacional de la Verdad, cuando el Estado intentó investigar formalmente los crímenes del pasado. La comisión nombró a 377 funcionarios responsables de torturas y asesinatos y documentó más de 200 casos de desapariciones y muertes. Pero no tenía poder de denuncia, y su recomendación central, es decir, revisar la Ley de Amnistía de 1979, fue ignorada. Las instituciones de la nueva democracia eran frágiles, y los militares conservaban suficiente influencia para bloquear una rendición de cuentas significativa.
La sociedad brasileña entonces produjo una cultura del olvido, donde “pasar la página” se trataba como un acto de paz más que de evasión. El fracaso en castigar los crímenes del pasado dejó cicatrices profundas, pero también creó un apetito por la justicia en el presente. Como señaló la jueza Cármen Lúcia en su voto decisivo esta semana, el caso Bolsonaro es “un encuentro entre el pasado, presente y futuro de Brasil”, un recordatorio de que dejar heridas sin curar puede hacer que se infecten. “Nuestra República tiene la melancólica historia de haber tenido muy pocos republicanos”, añadió, subrayando que en el cuadragésimo aniversario del retorno al gobierno civil, Brasil debe demostrar que es capaz de defender su democracia.
El caso contra Bolsonaro fue seguido de cerca en Estados Unidos porque parecía muy familiar: un líder asediado, una turba en la capital, denuncias de fraude electoral. Pero el Poder Judicial de Brasil decidió actuar con determinación. Al hacerlo, estableció una comparación implícita, y quizá un desafío, a su contraparte del norte.
En marzo, Kirk había dicho que “Brasil es un canario en la mina de carbón” para Estados Unidos. Con Bolsonaro ahora condenado y sentenciado, esa advertencia se ha convertido en un grito de guerra para la derecha estadounidense, pero también subraya las diferencias entre los dos países. Para Brasil, el veredicto es prueba de que incluso un expresidente puede rendir cuentas. Para Estados Unidos, es un recordatorio del camino no tomado.
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