Cuando el Estado se retira, los narcos ocupan el barrio: la historia de Diana en las afueras de Buenos Aires

Por Betiana Martino, CNN en Español

A Diana le quedaban todavía algunos años para terminar el colegio secundario en su barrio de San Miguel, en el conurbano bonaerense, cuando tuvo que empezar a trabajar. Al principio, se ganaba unos pesos haciendo encargos por internet. Eran tareas simples, pero le llevaban buena parte del día. Dividía su tiempo entre el estudio y el trabajo, tratando de sostener una rutina que le permitiera acercarse a su sueño: terminar el colegio y seguir estudiando.

En su casa, los ingresos estaban reservados para las necesidades básicas y muchas veces no alcanzaban. Su mamá hacía malabares para darles de comer a ella y sus hermanos, que empezaron a colaborar con los narcos del barrio para sumar un peso más.

Un día, uno de ellos le ofreció una “changa” (trabajo informal) mejor paga: entregar pedidos en las casas de la zona, pero esta vez, para su jefe.

Diana —quien no es identificada con su nombre real para proteger su identidad— cuenta que nunca había consumido drogas. Tampoco pensaba meterse en ese mundo. Veía de cerca a sus hermanos y no confiaba en que ese camino la llevara a donde quería llegar. Pero el tiempo pasaba, y la necesidad de juntar dinero pesaba cada vez más. La propuesta le ofrecía algo que no podía ignorar: menos horas de trabajo y más tiempo para estudiar.

Días después, aceptó.

“Los casos como el de Diana se repiten en la mayoría de las entrevistas que realizamos en barrios populares”, cuenta en diálogo con CNN el sociólogo y vicerrector de Investigación del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), Daniel Hernández. A través del organismo CNN pudo acceder a testimonios como el de Diana que reflejan esta problemática.

Para ellos, la posibilidad de un ascenso social está cada vez más lejos y organismos que trabajan con estos grupos en barrios vulnerables de Buenos Aires encienden las alarmas de alerta.

Según el padre Nicolás Angelotti, cura villero que trabaja con jóvenes de barrios vulnerables del conurbano bonaerense, hay una relación directa entre el retroceso del Estado, el abandono de políticas públicas y el avance del narcotráfico en estos sectores.

“En nuestro barrio había diez comedores y hoy estamos nosotros solos. Ante eso, naturalmente golpea la vida de un barrio y crece más la violencia, las armas y la droga, que es caldo de cultivo para eso. Cuando el Estado le suelta la mano o se va corriendo de la vida de un barrio, no es que aparece el mercado a solucionar los problemas. El mercado que crece es el narcotráfico, no otro”, asegura Angelotti en diálogo con CNN.

En Argentina, se multiplican los llamados comedores o merenderos en barrios vulnerables que funcionan como asistencia alimentaria para niños y jóvenes cuyas familias no pueden proveerles las comidas diarias.

Durante varios meses, Diana transportó paquetes de un lado a otro del barrio. Lo que en Argentina se conoce como ser “soldadito”, una tarea que es el último eslabón en la cadena de venta de estupefacientes de las bandas narco.

Los “soldaditos” se volvieron populares en especial en la ciudad de Rosario, uno de los puntos principales en los que operan estas bandas en Argentina. Como explica la antropóloga e investigadora Eugenia Cozzi en sus publicaciones, a través de jóvenes a los que le ofrecen protección, drogas o dinero, los líderes narco se aseguran la distribución sin exponer los puntos principales de su negocio.

Según un estudio de CIAS con el Centro de Investigación y diseño de políticas públicas, Fundar, el retroceso de las políticas estatales se ve no solamente en la falta de inversiones en comedores o barrios populares, sino también en la baja en los planes pensados para incentivar a los jóvenes a estudiar o conseguir un trabajo. De su relevamiento se desprende que “en el caso del ex Potenciar Trabajo, la inversión se redujo en un 59,8% en términos reales entre 2023 y 2024”, mientras que “en el caso del PROGRESAR, el ajuste ha sido sustancial: la inversión en este programa cayó 63,3% en 2024”. Datos del primer año de gobierno de Milei.

Si tenemos en cuenta que “el 34% de los jóvenes de Argentina viven en el AMBA y se estima que el 40% de los jóvenes del Conurbano Bonaerense vive en barrios populares o zonas vulnerables”, según indica el mismo informe, la radiografía de lo que pasa en estos barrios también es un llamado de atención para el resto del país.

CNN se contactó con vocería del Gobierno Nacional para obtener una reacción sobre esta problemática, pero no ha obtenido una respuesta.

Hernández cuenta cómo se ven las distintas formas en las que los narcos empiezan a ocupar aquellos espacios que antes sostenía lo público. “Hay pocos centros comunitarios y pocos clubes. No solo ahora, hace mucho. Pero ahora hay mucho menos. Eso es lo que hace que el otro espacio organizado que hay, y muy organizado, que es el narcotráfico, empiece a ocupar esos lugares, incluso hasta financiando. Ahora lo que te dicen en el barrio es que, si no te llega la leche para tus hijos, viene un ‘soldadito’, dice: ‘yo te pongo la plata’. Entonces empiezan ellos a financiar los propios centros comunitarios”.

Muchas veces los mismos centros comunitarios, comedores, canchas de fútbol y centros de día son los principales sostenes para alejar a los más jóvenes de las drogas, advierten desde las organizaciones que trabajan en estos barrios.

“Todo lo que tenga que ver con la luz, con la limpieza, con la institucionalidad de lugares como un jardín, como una escuela, como un club en donde se desarrolle la comunidad, compite contra la falta de institucionalidad, violencia, destrucción que es el caldo de cultivo para que en los territorios se organice el narcotráfico”, agrega Angelotti.

En el mismo sentido hace su lectura Hernández cuando se le pregunta si ve una caída en la cantidad de espacios de contención para los más jóvenes. “Sí, hay menos. Ya había pocos y ahora están cayendo y eso es lo que dejan cancha libre para que la única forma de organización que está creciendo, sea la red de narcos”.

El retroceso del Estado en los barrios populares bajo el Gobierno de Javier Milei tiene distintas caras. En estos sectores donde el Estado suele llegar último, los comedores y centros comunitarios siguen siendo el primer refugio para jóvenes y familias enteras.

Pero en los primeros meses del nuevo gobierno libertario, un escándalo puso en evidencia la magnitud del abandono estatal. Con una pobreza que alcanzaba el 55,5% en el primer trimestre de 2024 y en plena emergencia alimentaria, se descubrió que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, retenía miles de toneladas de alimentos sin distribuir desde su llegada al gobierno en diciembre. Tras la primera denuncia –y luego de decir que ese alimento estaba reservado para casos de catástrofes- el Ministerio apeló. Finalmente avanzó presentando un plan de reparto de los alimentos a través del ejército y otras organizaciones.

Organizaciones sociales denunciaron la situación y en abril de este año, la Justicia les dio la razón. Un fallo judicial confirmó que el Ministerio había incumplido su obligación de garantizar el derecho a la alimentación en comedores comunitarios y ordenó al Estado implementar medidas urgentes, además de presentar informes periódicos sobre su cumplimiento.

Otra de las políticas que buscaba mejorar las condiciones de vida en los barrios populares a través de obras de infraestructura básica como el acceso al agua potable, electricidad, cloacas, saneamiento y mejoras habitacionales era el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana).

En medio de la fiebre por la motosierra y los recortes, esta política pública —implementada durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández— también fue interrumpida por el Gobierno nacional al inicio de su mandato.

Tras una denuncia de organizaciones como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), la justicia falló en contra del estado y le exigió al Ejecutivo que presente un plan detallado y articulado con las provincias para retomar las obras paralizadas. El gobierno incumplió con los tiempos pedidos por la justicia en dos ocasiones, y en mayo de este año multó al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja.

La resolución reconoce el derecho a la integración socio urbana, establecido por la Ley 27.453, y busca revertir los efectos del desmantelamiento de políticas que impactan directamente en la vida de miles de familias en los márgenes del país.

Diana siguió con su “changa” transportando drogas hasta que las amenazas de bandas narco rivales empezaron a llegar. El miedo fue creciendo y con él, las ganas de dejar todo atrás.

Gracias al apoyo de uno de los pocos centros comunitarios que siguen funcionando en su barrio pudo alejarse de estos grupos. Hoy sigue intentando cumplir su sueño.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.