Por qué la acusación contra Comey es diferente a la del Departamento de Justicia de Biden contra Trump

Análisis por Aaron Blake, CNN

El exdirector del FBI James Comey fue acusado formalmente el jueves. La noticia llegó apenas días después de que el presidente Donald Trump obligara a renunciar a un fiscal federal de EE.UU. que se negó a presentar tales cargos, presionara públicamente para procesar a Comey y otros adversarios políticos, e instalara a una persona leal que rápidamente le dio lo que quería.

Es una violación notable de las normas del Departamento de Justicia que establecen que un presidente no debe involucrarse en procesos judiciales, especialmente en aquellos en los que tiene un interés político.

Sin embargo, esta violación ha sido recibida con indiferencia en muchos sectores de la derecha. El argumento predominante es una versión de: “Bueno, Joe Biden empezó”.

Trump dijo el viernes que esperaba más acusaciones contra sus supuestos enemigos políticos y agregó como aparente justificación: “Ellos politizaron el Departamento de Justicia como nadie en la historia”.

Sin embargo, existen diferencias muy importantes entre la acusación contra Comey y el manejo del Departamento de Justicia de Biden respecto a Trump.

Independientemente de la opinión que se tenga sobre la decisión de acusar a un expresidente, esto representa una escalada importante en la continua politización del sistema judicial por parte de Trump y un mayor uso del Gobierno como arma política.

La mayor diferencia radica en el rol que desempeñaron los propios presidentes.

En el caso de Trump, él declaró públicamente que quería el enjuiciamiento de Comey, a quien acusaba de delitos, y tomó medidas para que eso se hiciera realidad. Primero obligó a renunciar a un fiscal federal de EE.UU. que tenía dudas sobre las pruebas de algunos de los cargos que se le presionaba para presentar contra los enemigos de Trump (especialmente los relacionados con la fiscal general de Nueva York, Letitia James).

“Sí, lo quiero fuera, sí”, dijo Trump el viernes pasado, poco antes de la renuncia del fiscal federal Erik Siebert.

Trump continuó al día siguiente nombrando a Comey y a otros a quienes acusa de delitos y exhortando a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, a actuar más rápido: “No podemos retrasarnos más, está destruyendo nuestra reputación y credibilidad”.

CNN ha informado que Bondi tenía reservas sobre el caso Comey. (Ella lo niega, diciendo a CNN: “Eso es una completa mentira”).

Pero el caso ya se ha presentado.

Y, crucialmente, parece que la presión de Trump lo hizo posible; el plazo de prescripción por el presunto perjurio de Comey expiraba el martes.

Trump claramente desempeñó un papel mucho mayor en la acusación contra Comey que cualquiera de las pruebas que sugieren que Biden haya tenido en las acusaciones contra Trump.

Eso no significa que Biden estuviera exento de culpa. Ocasionalmente comentó sobre investigaciones penales en curso, incluida la de Trump, en aparente violación de las normas del Departamento de Justicia. En un momento dado, abogó por procesar a quienes desafiaron las citaciones de la comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes, cargos que luego se presentaron contra los asesores de Trump, Steve Bannon y Peter Navarro. The New York Times informó en 2022 que Biden había expresado en privado su frustración porque Trump no había sido acusado.

Sin embargo, no hay pruebas reales de que Biden haya influido en las decisiones de acusar a Trump, ni siquiera de que su presión las haya afectado.

Los cargos fueron presentados por un fiscal especial independiente, incluso del secretario de Justicia designado por Biden, Merrick Garland. Ambos afirmaron no haber sentido presión de parte de Biden.

Y el presidente demócrata no presionó repetidamente en público para procesar a sus enemigos, como sí lo hizo Trump. No celebró los cargos contra Trump, como hizo Trump tras la acusación contra Comey. Y, fundamentalmente, Biden no forzó la salida de un fiscal que tenía reservas sobre algunos de los cargos que se le presionaba para presentar y lo reemplazó por alguien que cumpliera sus órdenes rápidamente.

Acusar a un expresidente, como hizo el fiscal especial Jack Smith, está en otro nivel respecto a acusar a un exdirector del FBI. Y Trump fue acusado nada menos que cuatro veces, incluyendo dos veces a nivel federal. Así que los Gobiernos demócratas han ido más lejos al acusar a sus oponentes políticos, al menos hasta ahora.

No obstante, que la magnitud sea diferente no significa que sea inherentemente más politizado. Dicho de manera sencilla: si tú y tus aliados cometieron más presuntos delitos o llevaron los límites más lejos, sería de esperar que hubiera más cargos penales.

Y los antecedentes muestran que, cuando se presentaron cargos contra Trump y sus aliados, tuvieron un éxito abrumador. Resultaron en condenas o declaraciones de culpabilidad en la gran mayoría de los casos: casi una decena en total, incluidas las acusaciones derivadas de la investigación de Mueller en el primer mandato de Trump. La única gran excepción fue el juicio contra Tom Barrack, del que fue absuelto.

Esas condenas incluyen, por supuesto, al propio Trump, quien ha mantenido que no ha cometido ningún delito y se declaró inocente en todos los casos en su contra.

Fue declarado culpable de 34 cargos graves en la única acusación formal que llegó a juicio, el caso de pagos de dinero por silencio en Nueva York.

Y los cargos federales contra Trump que nunca llegaron a juicio también abordaron temas que incluso algunos republicanos consideran muy graves.

En el caso del 6 de enero de 2021, siete senadores republicanos votaron en su juicio político para condenar a Trump por incitar la insurrección. Otros sugirieron que Trump era culpable, pero votaron para absolverlo por un tecnicismo porque ya no era presidente. (El entonces líder republicano del Senado, Mitch McConnell, incluso indicó que el tema era mejor tratado en un tribunal penal).

En el caso de los documentos clasificados, incluso algunos de los propios funcionarios del gabinete de Trump consideraron que los cargos eran completamente legítimos. El exsecretario de Justicia de EE.UU., William Barr, dijo que las pruebas de la supuesta obstrucción de la justicia de Trump al negarse a devolver los documentos parecían condenatorias. Y el exsecretario de Defensa, Mark Esper, dijo que si las acusaciones eran ciertas, Trump puso en peligro la seguridad nacional y debía “rendir cuentas”.

Aún está por verse si los cargos contra Comey, quien mantiene su inocencia, resultan exitosos. Está acusado de perjurio y obstrucción de un procedimiento del Congreso, derivados de un testimonio en 2020 en el que mantuvo sus negativas de haber autorizado filtraciones.

No obstante, cabe destacar que otros han analizado estos asuntos con Comey y no parece que llegaran al nivel de presentar cargos.

Hay cierta incertidumbre sobre a qué se referían exactamente las supuestas declaraciones falsas de Comey.

CNN informó el viernes que funcionarios y personas involucradas en el caso dijeron que la supuesta filtración involucraba una investigación sobre Hillary Clinton. Jake Tapper, de CNN, informó que la persona a la que Comey supuestamente autorizó a filtrar información fue el profesor de derecho de Columbia, Daniel Richman.

Sin embargo, documentos desclasificados a principios de este año por el FBI muestran que investigó el tema en 2017. Dichos documentos decían que Richman negó que Comey le hubiera pedido hablar con los medios y concluyeron: “La investigación no ha arrojado pruebas suficientes para acusar penalmente a ninguna persona, incluyendo a Comey o Richman, por hacer declaraciones falsas o por los delitos sustantivos investigados”. (La acusación contra Comey no acusa a Richman de ningún delito).

También es posible que la persona a la que Comey supuestamente filtró información fuera el exsubdirector del FBI, Andy McCabe, quien ahora es colaborador de CNN. Pero un inspector general del Departamento de Justicia en 2018 examinó los comentarios originales de Comey negando haber autorizado filtraciones y concluyó que, al menos respecto a McCabe, “la abrumadora mayoría de las pruebas respaldaba la versión de Comey”.

Otro informe del inspector general del Departamento de Justicia, publicado al año siguiente, culpó a Comey por el manejo inadecuado de memorandos que contenían información clasificada. Pero el Departamento de Justicia de EE.UU. en el primer mandato de Trump se negó a procesarlo por ello, en parte por la falta de pruebas de que Comey actuara intencionalmente y con la intención de violar la ley.

Hay mucho que desconocemos sobre la solidez de los cargos contra Comey, especialmente dado que la acusación formal no entró en muchos detalles.

Pero ya hemos visto cómo las afirmaciones de Trump sobre actividades delictivas de sus adversarios no han resultado ser ciertas ante el escrutinio legal. Trump y sus aliados promovieron sin cesar la investigación del fiscal especial John Durham sobre los orígenes de la investigación de Mueller, que Trump afirmó que era una conspiración masiva en su contra. Tres personas terminaron siendo acusadas de delitos relativamente menores; dos de ellas fueron absueltas.

Esto contrasta enormemente con el sólido historial de la fiscalía en los casos que involucran a Trump y sus aliados.

Como mínimo, el enjuiciamiento de Comey finalmente pondrá un gran foco de atención sobre si las afirmaciones de Trump de que sus oponentes son criminales se sostienen en los tribunales.

Sin embargo, en cualquier caso, la manera en la que llegamos a este punto se parece poco a lo que ocurrió durante el Gobierno de Biden.

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