¿Qué hay detrás del referéndum en Ecuador? Estas son las propuestas que están en juego en las urnas este domingo
Por Ana María Cañizares, CNN en Español
Las urnas volverán a ser este domingo el escenario de decisión en Ecuador en un momento de alta polarización y tensiones sociales. Los ecuatorianos participarán en un nuevo referéndum y consulta popular que plantea —entre otras cosas— la instalación de bases militares extranjeras, la elaboración de una nueva Constitución y reformas políticas. Una apuesta del presidente Daniel Noboa para combatir la crisis de inseguridad y violencia que desangra al país sudamericano.
Un total de 13,9 millones de personas están habilitadas para votar y en la papeleta diseñada por el Consejo Nacional Electoral constarán cuatro preguntas sobre las que los ciudadanos deberán decidir “Sí” o “No” como una expresión de aprobación o rechazo a las propuestas planteadas por Noboa.
El texto de la papeleta estará dividido en tres preguntas para referéndum, que implican cambios a la Constitución, y una pregunta para consulta popular, por ser un tema de interés nacional. Si Noboa logra el domingo la aprobación de las preguntas, se necesitarán procedimientos posteriores para su total vigencia y ejecución. La Corte Constitucional será el organismo que controle el cumplimiento de la voluntad popular.
1. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución?
La primera pregunta del referéndum podría significar un parteaguas en la estrategia de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa, pues desde la Constitución de 2008 el Ecuador mantiene vigente la prohibición de bases militares extranjeras y serán los ciudadanos quienes decidan si esta propuesta les convence para combatir el avance del crimen organizado en el país.
El Gobierno de Ecuador ha llamado la atención de Estados Unidos en su afán de que pueda convertirse en el primer país en instalar una base o infraestructura con fines militares de manera permanente. Sin embargo, la propuesta ha generado criterios divididos en función de la cooperación, la soberanía y la incapacidad del país para mejorar sus recursos para el control del narcotráfico y la guerra entre grupos delictivos considerados por el Gobierno como terroristas.
Esta pregunta llega en un momento crucial para la seguridad en Ecuador, ya que la Policía Nacional indicó a CNN que 2025 se proyecta como el año más violento de su historia pues ya superó los 7.000 homicidios a escala nacional y el año aún no termina. Además, existen dudas sobre si la proyección gubernamental de “mano dura” contra el crimen ha conseguido frutos. El más reciente informe de International Crisis Group sobre Ecuador, difundido esta semana, sostiene que la militarización de calles y cárceles no ha reducido el flujo de drogas que sale de los puertos ecuatorianos ni ha logrado “sofocar” las guerras territoriales entre grupos criminales que se han reagrupado.
El informe también sostiene que no se ha podido frenar el reclutamiento de jóvenes en bandas delictivas y considera que los operativos desplegados por la fuerza pública para el control de zonas conflictivas han logrado solo consecuencias efímeras. “Los resultados de su estrategia han sido irregulares y de poca duración (…) La forma abrupta en la que se retiran las fuerzas de seguridad permite que las bandas se reagrupen”, sostiene Crisis Group.
De aprobarse esta pregunta en el referéndum, Ecuador y los países interesados como Estados Unidos deberán someter la propuesta a aprobaciones internas en diferentes instancias y firmar nuevos convenios que permitan a personal militar extranjero operar en una base permanente.
2. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución?
Desde hace varios años en Ecuador, los partidos y movimientos políticos reciben un monto de dinero a través del Fondo Partidario Permanente (FPP) para actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación. Este dinero es asignado por el Consejo Electoral por medio del Presupuesto General del Estado y ha sido motivo de críticas cuando los fines para los que fue creado se han desviado.
Hay que considerar que el FPP no lo reciben todas las agrupaciones políticas sino únicamente las que cumplen con al menos uno de los requisitos como haber obtenido el 4 % de los votos válidos de dos elecciones pluripersonales consecutivas a escala nacional; tener al menos tres representantes a la Asamblea Nacional, el 8 % de alcaldías o al menos un concejal en cada uno de, al menos, el 10 % de cantones del país. Esta reforma constitucional obligaría a los partidos a buscar por su cuenta aportes de afiliados, afiliadas y simpatizantes.
Jorge Tapia, coordinador de Democracia y Política de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dijo a FM Mundo, radio afiliada de CNN, que actualmente 11 organizaciones políticas reciben el fondo partidario permanente pero que existen dificultades en la entrega de información contable en sus reportes de ingresos y egresos.
“Hay un gran problema con el uso de recursos públicos. No existe claridad sobre cómo se están asignando estos fondos cuando no se cumplen requisitos legales”, indicó Tapia.
Sin embargo, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, sostiene que la “democracia requiere de financiamiento” y que las condiciones de igualdad se perderían. “Ahora sí las grandes chequeras van a ser los dueños de los partidos porque va a ser bien difícil que lleguen a competir sin recursos estatales”, precisó Aguinaga en Ecuavisa.
Si esta pregunta logra ser aprobada, el Estado ya no tendría esta obligación financiera con los partidos y movimientos políticos, pero sí se mantendrá el fondo estatal destinado a financiar campañas electorales futuras, denominado Fondo de Promoción Electoral (FPE).
3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo con el último censo nacional?
La propuesta quiere decir que el número de asambleístas se reduciría sustancialmente, es decir que pasaría de 151 a 73 legisladores, de acuerdo con un nuevo cálculo que fue aprobado por la Corte Constitucional durante la revisión y análisis del pliego de preguntas planteadas por Noboa.
El debate sobre esta pregunta se ha centrado en si esto mejorará la calidad de los asambleístas y la elaboración de reformas y nuevas leyes.
Para Santiago Basabe, politólogo y profesor de la Universidad San Francisco de Quito, la reducción de asambleístas “sería un gravísimo golpe a la ya de por sí diezmada democracia ecuatoriana”.
“Reducir el número de asambleístas no va a generar ningún tipo de cambio. Por el contrario, con menos caras visibles en la Asamblea Nacional, sus paupérrimos desempeños serán más evidentes al ojo público”, publicó Basabe en su columna en Primicias.
Pero el movimiento oficialista y el propio presidente Noboa impulsan la idea de que esta medida promoverá un ahorro para el Estado, mejoraría los filtros en la elección de cuadros políticos y priorizaría la calidad antes que la cantidad en el legislativo.
4. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?
La propuesta de instalar una Asamblea Constituyente ha sido calificada por varios analistas como “la joya de la corona” de las elecciones de este domingo, pues será ahí donde puedan definirse reformas en diferentes campos o replantear la estructura del Estado con un nuevo texto constitucional.
El presidente Noboa ha adelantado que una nueva Asamblea Constituyente, conformada por 80 legisladores, podría plantear cambios en la seguridad social, ofrecer más alternativas para combatir la criminalidad, revisar las funciones de la Corte Constitucional o el Consejo de Participación Ciudadana y reducir sustancialmente los artículos de la carta magna de 444 a 180. No hay claridad sobre las reformas que se impulsarán, pero sí servirá de plataforma para que correístas y noboístas nuevamente midan fuerzas.
Varios ciudadanos consideran también que una Asamblea Constituyente podría convertirse en un “cheque en blanco” para el Gobierno, sobre todo en su afán de reducir la capacidad de acción de la Corte Constitucional que durante la administración de Noboa ha sido su principal muro ante posibles excesos y continuamente le ha llamado la atención sobre sus funciones y competencias tras la declaratoria de conflicto interno armado en enero de 2024.
De aprobarse esta pregunta, el país deberá volver dos veces más a las urnas. Primero para elegir a los 80 asambleístas constituyentes y luego para aprobar o negar la nueva propuesta de Constitución. Los expertos calculan que este proceso podría durar al menos un año.
Es la segunda vez que Noboa decide consultar a la población sobre reformas y cambios legales para impulsar su agenda política. La última vez fue en abril de 2024 donde logró la aprobación de 9 de 11 preguntas sobre reformas legales.
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