Trump firmó el proyecto de ley sobre los archivos de Epstein. ¿Realmente los publicará todos?

Análisis de Aaron Blake, CNN

Ambas cámaras del Congreso aprobaron esta semana una ley que obliga a publicar los archivos de Jeffrey Epstein, después de que el presidente Donald Trump cediera y respaldara la iniciativa. Trump dijo este miércoles por la noche que ya la había firmado.

Ahora la pregunta es: ¿realmente el Gobierno de Trump publicará todo lo que tiene el Departamento de Justicia? Muchos partidarios de la ley, incluidos republicanos, han advertido que esto no es el final: la Casa Blanca aún podría encontrar formas de eludir la obligación.

“La verdadera prueba será: ¿publicará el Departamento de Justicia los archivos?”, dijo el martes la representante republicana Marjorie Taylor Greene de Georgia. “¿O todo quedará atado en investigaciones?”

El representante republicano Thomas Massie de Kentucky —copatrocinador del esfuerzo en la Cámara para forzar una votación sobre el tema— ha advertido de un “último esfuerzo desesperado” por parte del Gobierno para bloquear la publicación de los archivos.

Estos legisladores tienen buenas razones para estar preocupados, basándose en las acciones y comentarios del Gobierno. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, se negó el miércoles a dar garantías más allá de decir que el Gobierno “seguirá la ley”.

Pero también es difícil ver cómo el Gobierno podría no cumplir con la publicación de los archivos, al menos sin arriesgarse a otro gran fiasco político.

Primero, un poco de contexto. Existe una vía clara para que el Gobierno intente retener algunos documentos.

Funciona así:

• La ley de los archivos de Epstein permite al Departamento de Justicia retener información si “pondría en peligro una investigación federal activa”.
• El miércoles de la semana pasada, quedó claro que la ley sería aprobada.
• El viernes, Trump ordenó a Bondi investigar a varias personas prominentes cuyos nombres habían aparecido en comunicaciones recientemente publicadas del patrimonio de Epstein.
• Bondi aceptó rápidamente investigar, creando así nuevas “investigaciones federales activas”.
• Bondi inició estas investigaciones a pesar de que el FBI había dicho en julio que había realizado una revisión “exhaustiva” y que “no descubrió pruebas que pudieran justificar una investigación contra terceros no acusados”.

Esa es una progresión de eventos muy conveniente si tu objetivo es intentar retener documentos.

De repente, una investigación que estaba completamente agotada y lista para cerrarse tiene supuestas nuevas pistas interesantes que vale la pena seguir. Y esto sucede justo cuando Trump necesita ese tipo de pretexto para seguir evitando una divulgación completa.

Ciertamente, hay otras razones para que Trump quiera esas investigaciones, incluida la de aparentar que son otras personas (a menudo vinculadas con demócratas) quienes tienen problemas con Epstein, y no él. (Ni Trump ni las personas cuya investigación solicitó han sido acusadas por la ley de ningún delito en relación con Epstein).

Hay otras razones para desconfiar de cómo el Gobierno podría manejar esto.

Por un lado, ya se ha demostrado que juegan con las divulgaciones sobre Epstein.

Cuando el tema estalló en julio, el primer gran esfuerzo del Gobierno para sofocar la reacción fue presionar a los jueces para que liberaran materiales de un jurado investigador. No obstante, como muchos expertos notaron rápidamente, eso no era probable que realmente aclarara mucho por una serie de razones.

Efectivamente, no aclaró mucho. Pero no solo eso; dos jueces sugirieron que el Gobierno estaba creando de forma proactiva una “distracción”. Uno dijo que la medida parecía “destinada no a la divulgación completa, sino a la ilusión de ello”.

Ambos señalaron que el Gobierno tenía información mucho más extensa a su disposición que podría liberar cuando quisiera.

Dado esto, no parecería ridículo preguntar si el Gobierno podría jugar con la discrecionalidad que tiene, por ejemplo, divulgando información que sea políticamente ventajosa, pero reteniendo otra información usando las justificaciones disponibles.

Y luego están las muchas cosas que Trump y altos funcionarios han dicho advirtiendo sobre los peligros de la divulgación total.

Trump ha citado repetidamente la necesidad de proteger a personas “inocentes”, no solo a las víctimas, sino también a personas cuyos nombres aparecen en los documentos y que no hicieron nada malo. Solo corresponderse con Epstein, por ejemplo, no sería un delito.

“Hay mucha gente que podría ser mencionada en esos archivos que no lo merece”, dijo Trump en agosto, “porque [Epstein] conocía a todos en Palm Beach”.

El memorando del FBI de julio que anunciaba que no se publicarían nuevos documentos citaba el deseo de “proteger a las víctimas” y “no exponer a más terceros a acusaciones de actos ilegales”.

El director del FBI, Kash Patel, en su testimonio ante el Congreso en septiembre y en otros lugares, ha sugerido que parte de la razón por la que el Gobierno se ha resistido a la divulgación total era para evitar la publicación de pornografía. También sugirió que divulgar más información podría violar órdenes judiciales.

“No voy a violar la ley para satisfacer su curiosidad”, dijo Patel a un demócrata de la Cámara de Representantes.

Y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, argumentó el martes que la ley Epstein podría perjudicar a personas cuyos “nombres pueden estar en esos archivos, y no tenían nada que ver con esto”. El republicano de Louisiana también expuso apasionadamente que la ley no impedía adecuadamente la publicación de material de abuso sexual infantil, a pesar de una cláusula destinada a eso.

Johnson finalmente votó a favor de la ley, diciendo que esperaba que el Senado la modificara. Pero el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, aparentemente no compartía sus preocupaciones, permitiendo que la ley se aprobara por consentimiento unánime y sin enmiendas.

Dado todo esto —y dada la clara reticencia de Trump durante meses a permitir tal divulgación, justo hasta el momento en que la batalla parecía perdida—, se puede entender por qué el Gobierno podría al menos querer preservar sus opciones.

Trump dijo el domingo que el Congreso “puede tener todo lo que les corresponde legalmente”, pero la frase “corresponde legalmente” ciertamente cobra relevancia, por las razones mencionadas anteriormente.

Incluso si el Gobierno está reservando sus opciones o pretende retener documentos importantes, es difícil ver cómo eso podría aprobarse políticamente.

Por un lado, la ley exige que la retención de documentos relacionados con investigaciones en curso sea “estrictamente limitada y temporal”. A Trump le quedan más de tres años en su presidencia; es difícil ver al Gobierno reteniendo información importante por tanto tiempo citando investigaciones activas.

Además, cualquier cosa que se divulge incompleto o retenga debe incluir una justificación por escrito, y el Gobierno debe notificar al Congreso sobre estas categorías de documentos en un plazo de 15 días. La ley también requiere que el Gobierno entregue al Congreso una “lista sin censura de todos los funcionarios gubernamentales y personas políticamente expuestas” incluidas en los materiales.

En otras palabras, podría ser bastante fácil deducir si el Gobierno está ocultando grandes cantidades de información. Además, intentar hacerlo podría generar una reacción aún mayor de la que el Gobierno ya ha visto, incluso de su propia base.

Eso no significa que el Gobierno no intentaría retener documentos. Su manejo de este asunto ha sido desconcertante de principio a fin.

No obstante, si lo hiciera, eso estaría entre las acciones más desesperadas y políticamente arriesgadas que ha tomado el Gobierno, y en un momento en que realmente no puede seguir recibiendo estos golpes.

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