El fiscal de Georgia archiva el histórico caso de interferencia electoral contra Trump y sus aliados
Por Dan Berman, Holmes Lybrand y Jason Morris, CNN
Un fiscal de Georgia retiró oficialmente este miércoles el histórico caso por asociación delictiva contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, y otras personas por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, cerrando un capítulo legal que alguna vez fue considerado una grave amenaza para el futuro político de Trump.
La medida significa que Trump esquivó la posibilidad de enfrentar consecuencias penales por sus intentos de revertir su derrota electoral de 2020 frente al presidente Joe Biden. Los casos federales contra Trump del fiscal especial Jack Smith —por interferencia electoral previa al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y por mal manejo de documentos clasificados— ya habían sido archivados anteriormente.
“Dada la complejidad de los temas legales involucrados —que van desde cuestiones constitucionales y la Cláusula de Supremacía hasta inmunidad, jurisdicción, competencia territorial, preocupaciones sobre juicio rápido y acceso a registros federales— y aun suponiendo que cada uno de estos temas se resolviera a favor del Estado, llevar este caso ante un jurado en 2029, 2030 o incluso 2031 sería una hazaña notable”, escribió el fiscal Peter Skandalakis este miércoles.
Skandalakis dijo que consideró separar el caso de Trump del de sus coacusados para intentar juzgarlos primero mientras se esperaba la conclusión del segundo mandato de Trump. Sin embargo, señaló que hacerlo “sería ilógico y supondría una carga indebida y costosa para el Estado y para el condado de Fulton”.
Agregó: “En mi juicio profesional, los ciudadanos de Georgia no se benefician de perseguir este caso completo durante otros cinco a diez años”.
Los históricos cargos estatales por asociación delictiva fueron presentados contra Trump y otras 18 personas el 14 de agosto de 2023 por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, una demócrata elegida que inició una prolongada investigación sobre la supuesta interferencia de Trump en las elecciones de Georgia, a inicios de 2021.
La investigación comenzó poco después de hacerse pública una llamada telefónica de enero en la que Trump presionó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un correligionario republicano, para “encontrar” los votos necesarios para que él ganara el estado en la elección presidencial.
Willis fue finalmente apartada del caso tras una prolongada batalla legal sobre su autoridad. Cuando Trump ganó la presidencia, en 2024, la acusación quedó en peligro. Este miércoles, Skandalakis, director del Consejo de Fiscales de Georgia, emitió la orden final.
“El caso está en soporte vital y la decisión sobre qué hacer recae en mí y solo en mí. Pero, a diferencia de familiares que deben tomar una decisión emocional sobre retirar un tratamiento vital, yo no tengo conexión emocional con este caso”, escribió Skandalakis.
“Como exfuncionario elegido que se postuló como demócrata y como republicano y ahora director ejecutivo de una agencia no partidista, esta decisión no está guiada por el deseo de avanzar una agenda, sino basada en mis creencias y entendimiento de la ley”, agregó.
El caso alcanzó un punto máximo de dramatismo cuando Trump se entregó en una cárcel de Atlanta durante poco más de 20 minutos, en agosto de 2023, donde se vio obligado a ser registrado en una ficha policial por primera vez.
El caso se consideraba como el que tenía mayores posibilidades de llegar a juicio entre los distintos procesos penales en torno a Trump, porque era un caso estatal llevado por una fiscal local en Georgia —a diferencia de cargos federales que pueden ser indultados—.
El abogado principal de la defensa de Trump en Georgia, Steve Sadow, dijo en un comunicado que la “persecución política” contra Trump “por fin terminó”.
“Este caso nunca debió presentarse. Un fiscal justo e imparcial ha puesto fin a esta guerra judicial”, afirmó.
Trump fue acusado junto con 18 coacusados con cargos amplios bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, el estatuto estatal conocido como RICO, similar a la versión federal famosa por perseguir a empresas criminales como la mafia.
Más allá del presidente, el ex secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows fue el funcionario de mayor rango acusado, junto con el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, quien llegó a un acuerdo con dos funcionarias electorales de Georgia este año para resolver una demanda por difamación que ascendía a casi US$ 150 millones.
Los fiscales alegaron en la acusación formal que Trump y sus coacusados “se unieron en una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado” de las elecciones y que “conspiraron y se esforzaron ilícitamente por dirigir y participar en una empresa criminal” después de que Trump perdiera en Georgia.
Los acusados negaron tajantemente haber cometido delitos, sosteniendo algunos que simplemente buscaban corregir lo que creían eran irregularidades graves que afectaron los resultados de 2020.
Cuatro de los 19 acusados en el caso de Willis —incluidos tres abogados implicados directamente en el intento de revertir los resultados en Georgia— aceptaron acuerdos de culpabilidad, en algunos casos admitiendo delitos graves a cambio de recomendaciones de sentencia más indulgentes.
Treinta “coconspiradores no imputados” también fueron mencionados en este caso de alto perfil, que avanzaba como un tren de carga mientras Trump hacía campaña por su segundo mandato en la Casa Blanca.
A inicios de 2024, Michael Roman, funcionario de campaña de Trump en 2020, presentó una moción que finalmente descarriló el caso, logrando que Willis fuera descalificada debido a una relación sentimental que mantenía con Nathan Wade, el fiscal especial que ella contrató para colaborar en la investigación.
Los acusados argumentaron que Willis se benefició económicamente de la relación con Wade, quien, según la defensa, pagó varias vacaciones de la pareja.
En marzo de 2024, tras una dramática declaración televisada de Willis que expuso su vida personal, el juez Scott McAfee, del Tribunal Superior del Condado de Fulton, determinó que no había suficiente evidencia para demostrar de forma contundente que Willis se benefició económicamente de la relación y le permitió continuar al frente del caso, siempre que Wade renunciara, lo que él hizo después.
Sin embargo, las actuaciones legales contra Trump y varios coacusados fueron oficialmente pausadas en junio de 2024, cuando un tribunal de apelaciones del estado revisó posibles irregularidades de Willis.
En diciembre de 2024, el tribunal de apelaciones descalificó oficialmente a Willis por su relación con el fiscal especial.
Luego, en septiembre, el golpe final para Willis llegó cuando la Corte Suprema de Georgia rechazó escuchar una apelación de la Fiscalía del Condado de Fulton sobre su remoción.
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