La información sobre la muerte de ocho menores de edad en bombardeo y otras acusaciones contra el saliente ministro de Defensa de Colombia

(CNN Español) — El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, presentó la renuncia a su cargo este miércoles, tras una serie de acusaciones por falta de transparencia en reportar información sobre muertos en bombardeos en los que murieron ocho menores de edad.

“El día de hoy en reunión con el señor presidente de la República para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de ministro de Defensa Nacional”, dijo Botero.

El presidente Iván Duque aceptó la renuncia del funcionario.

Luego de aceptar renuncia de @GuillermoBotero, he designado como ministro de Defensa (e) al General Luis Fernando Navarro, actual Comandante de @FuerzasMilCol. Nuestro compromiso es continuar velando por la seguridad de los colombianos y combatir cualquier actividad criminal
— Iván Duque (@IvanDuque) November 6, 2019

El martes, Botero se enfrentó a su segundo debate de moción de censura en el Congreso de Colombia en 15 meses al frente del Ministerio de Defensa.

A diferencia del primer debate que ocurrió en la Cámara de Representantes en junio de este año, donde no prosperó esta medida en su contra, el debate de este martes en el Senado dejó a Botero en una difícil posición para continuar en su cargo, con muchos en Colombia pidiendo su renuncia. La votación de esta moción está programada para la otra semana y de votarse a favor, Botero sería el primer ministro en ser censurado en Colombia desde que la figura entró en vigor en 1991.

El senador Roy Barreras, citante del debate, hizo una revelación escandalosa: al menos siete menores de edad, entre los 12 y los 17 años, fueron asesinados en un bombardeo del Ejército contra organizaciones criminales. Los hechos ocurrieron en agosto en el departamento de Caquetá, en el suroccidente del país.

“Los otros cuatro cuerpos llegaron tan despedazados que solo se pudieron identificar” con pruebas técnicas, dijo Barreras sobre otros tres cuerpos que según la Fiscalía corresponderían a menores de 20 años. “[En] uno de ellos… solo llegó un segmento del tórax con el antebrazo derecho”.

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Barreras acusó al ministro de Defensa de esconderle al país la información sobre la muerte de los menores.

“¿Por qué le escondió eso a Colombia? ¿O no le contaron sus hombres”, dijo el senador.

La Fiscalía de Colombia y Medicina Legal dijeron en un comunicado el miércoles que no fueron siete, sino ocho los menores muertos en el bombardeo. Siete adultos también murieron en esta acción y dos cuerpos están sin identificar.

Comunicado de prensa Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. pic.twitter.com/opDBCrT1pC
— Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) November 6, 2019

Este martes en el Senado, el ministro de Defensa dijo que en el momento del bombardeo no se conocía la presencia de menores en el área y que todas las operaciones militares se desarrollan de acuerdo a estándares internacionales, y respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

“Se revisó clarísimamente la legislación”, dijo Botero sobre el bombardeo asegurando que “los abogados conceptuaron positivamente” que el señor Gildardo Cucho, cabecilla de una organización criminal “era una amenaza para la seguridad nacional y que como tal se podía bombardear el sitio”.

El ministro agregó que son los grupos armados los que deben responder por infringir el Derecho Internacional Humanitario, pues son ellos los que pusieron a una persona protegida “en un riesgo que no puede soportar”.

El 30 de agosto, el ministro de Defensa presentó las bajas en combate como “integrantes de la GAO-r7”, (Grupo Armado Organizado residual 7) que murieron en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Ese día, el presidente Iván Duque informó, entre aplausos, que él autorizó al Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército (Ccoes) para que adelantara una “operación ofensiva” contra una “cuadrilla de delincuentes narcoterroristas”.

Según Duque la operación fue “estratégica, meticulosa, impecable y con todo el rigor“.

“Autoricé una operación ofensiva…labor estratégica, meticulosa e impecable, con todo el rigor”.Angela Gaitan 12 años.Sandra Vargas 16Diana Medina 16 José Rojas 15Jhon pinzon 17Wilmer Castro 16Abimiler Morales 17 pic.twitter.com/P9JYHXctvp
— Félix de Bedout (@fdbedout) November 6, 2019

El mandatario aún no se pronuncia sobre la denuncia del bombardeo a los menores de edad.

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Más polémicas del ministro

Otra de las acusaciones que hizo el senador Roy Barreras corresponde a la muerte del líder indígena Flower Trompeta, en Corinto, Cauca, a finales de octubre.

El ministro de Defensa dijo en medios de comunicación que el líder indígena “aparentemente fue muerto en desarrollo de una operación militar” y que la Fiscalía investigaba el hecho.

Pero según Barreras, citando informaciones de la comunidad indígena y de familiares de la víctima, el líder indígena “fue detenido por el ejército y después apareció muerto cerca de la casa de la abuela materna”.

Mostrando tanto el informe oficial del Cabildo Indígena del Resguardo de Corinto como el de Medicina Legal, Barreras dijo que Trompeta murió a manos del Ejército y que los hechos ocurrieron en una finca propiedad del padre de la víctima. Botero dijo el 29 de octubre que los hechos ocurrieron en vereda Media Naranja de Corinto, Cauca, sin dar más detalles.

“¿Decidieron hacer un combate en su finca?, ¿un combate en la propia finca?; [Trompeta] Estaba en su parecela”, dijo Barreras. Según los documentos de Medicina Legal del 10 de octubre de 2019, el líder indígena recibió cuatro impactos de proyectil de arma de fuego: dos en espalda, uno en cuello y otro en brazo.

“Fue fusilado mientras corría hacia su casa”, dijo Barreras.

Botero dijo el 31 de octubre  que “se desvirtúan rumores sobre presuntas actuaciones de Fuerza Pública” en este caso. El martes frente a la plenaria del Senado, Botero dijo que “desde el primer momento” que se presentó este caso hubo acompañamiento de la Policía Judicial que abrió la investigación correspondiente. El ministro añadió que él no conoce la autopsia, pues no le ha llegado de Medicina Legal.

“Yo no conocía un documento que hace aquí se exhibió, no conozco los documentos de carácter reservado, pero además si es de carácter reservado de lo que sí pueden estar seguros es que como servidor público cuando tiene la condición de secreto nunca la revelaré”, dijo Botero.

El Ministerio de Defensa dijo en un comunicado el 6 de noviembre que “las investigaciones continúan y el Ministerio de Defensa está atento a los resultados de las mismas, los cuales acata y respeta”.

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El caso de Dimar Torres

En el debate también se sumó otra denuncia de “falsos positivos”, según el senador. Citando el caso de Dimar Torres, un desmovilizado que murió a manos de un miembro del Ejército durante un retén militar en la conflictiva región de Catatumbo, Barreras señaló la incapacidad del ministro Botero para “proteger la vida de los excombatientes”.

El martes, Botero reiteró su posición de que en las fuerzas armadas hay “cero tolerancia contra quienes deshonren el uniforme militar” y dijo que “inmediatamente procederemos” a pedirle la baja a quienes sean responsables de actos criminales en el servicio.

Acusaciones de falsos positivos

Ya para mayo de este año, la estrategia de seguridad nacional del país, encabezada por Botero, fue criticada en un artículo de The New York Times, en el que se cuestionaron presuntas órdenes del comandantes del ejército, general Nicasio Martínez, a altos oficiales para que, según la publicación, “dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla”.

Antes de la publicación del artículo, Botero afirmó que “no existe ninguna directriz para incrementar bajas”.

La aseveración fue rechazada por Botero, y por el presidente Duque, en pronunciamientos públicos y mediante una carta enviada a The New York Times.

El mayor general Nicacio Martínez, que fue cuestionado en el artículo de NYT, afirmó que los documentos oficiales, que respaldaban la investigación del periodista Nicholas Casey, fueron mal interpretados y que solo se trataba de órdenes para aumentar los resultados operacionales frente a los grupos armados ilegales.

Este martes en el Senado, Botero dijo que es una afirmación falsa que digan que él “está poniendo en peligro los derechos y libertades de la población”.

“Es afirmación es falsa porque, además le agregan que estamos exigiendo muertos como resultados. No, ni más faltaba. Eso ya lo hemos demostrado en varios debates”, dijo el ministro de Defensa.

Sin embargo la sombra de los “falsos positivos”, que son civiles asesinados extrajudicialmente y luego presentados como muertos en combate, no se va en Colombia, un país que sigue recordando al menos 2.248 víctimas de esta práctica criminal del Estado 1988 y 2014, según las investigaciones que adelanta la Justicia Especial para la Paz, JEP.

Otras acusaciones

Barreras también señaló la necesidad de una renuncia de Botero debido al “fracaso en la seguridad nacional” como ministro de Defensa desde agosto de 2018.

Según cifras presentadas por el senador, tomadas de la prensa local, entre agosto de 2018 y el 3 de noviembre 2019, 127 indígenas, 169 reincorporados y 174 líderes sociales han sido asesinados. Las cifras de asesinatos de líderes sociales en la gestión de Iván Duque varían según Gobierno, Fiscalía y Medicina Legal, y otros informes de organizaciones civiles.

Además, Barreras señaló que durante la gestión de Botero “se triplicaron” los hombres en armas del ELN, pasando de 1.500 al final del gobierno Santos a 4.867 en enero de 2019.

También aumentaron los disidentes: para 2017 eran 700 los disidentes de la desmovilizada guerrilla de las Farc, y para junio de 2019 la cifra va en 2.300. Finalmente la resiembra de hectáreas de coca llegó al 98,28%, según Barreras, quien citó cifras entregadas por el Ministerio de Defensa en agosto de este año: en 2017 había casi 172.000 hectáreas y para 2018 había 169.000 hectáreas.

Colombia pasó de 171.495 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos de coca en 2017 a 169.000 hectáreas en 2018, según lo presenta el informe de Monitoreo de Territorios afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia de @UNODCColombia #RutaFuturo
— Guillermo Botero (@GuillermoBotero) August 2, 2019

“Es una resiembra del 98,2%”, dijo Barreras.

El ministro de Defensa renunció un día después del debate.