OPINIÓN | Es probable que Biden no consiga todo en su proyecto de inversión pública… y eso no es malo

Nota del editor: Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España, y fue asesor de los presidentes Alejandro Toledo, de Perú; Vicente Fox, de México, y Álvaro Colom, de Guatemala. Izurieta también es colaborador de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor. Santiago Peña es economista y político paraguayo, con amplia experiencia en diseño e implementación de políticas públicas. Fue director del Banco Central, ministro de Hacienda y candidato a presidente de la República dentro del Partido Colorado. Ver más opiniones en cnne.com/opinion

(CNN Español) — Nadie puede discutir la relación directa que existe entre la inversión en infraestructura física, el aumento de la productividad y su impacto en el crecimiento económico. Tampoco, nadie puede discutir sobre la urgencia de inversión para proteger el medio ambiente a fin de conseguir un desarrollo sostenible. El desafío es definir la fuente de financiamiento para estas inversiones.

Durante su primer año de mandato, Donald Trump impulsó la aprobación de un paquete de reducción de impuestos sumamente generoso en Estados Unidos, sobre todo para las corporaciones. El impuesto corporativo bajó del 35% al 21%, generando una pérdida estimada de los ingresos del gobierno de alrededor de US$ 1,5 billones, llevando la deuda pública de 104% del PIB a fines de 2016 a 129% del PIB en 2020, según cifras publicadas por The Balance. La reducción de impuestos para la clase media no fue tan generosa. Por eso, Trump solo consiguió los votos republicanos en ambas cámaras. Con un truco legislativo, el oficialismo sancionó la ley con tan solo mayoría simple, cuando en realidad se requiere 60 de los 100 votos del Senado: consiguió 51. Como siempre, la retórica política decía que ese dinero — por la disminución de los ingresos fiscales— se recuperaría mediante el crecimiento económico originado por la reducción impositiva; pero no pronosticaron una pandemia.

Precisamente por esta pandemia de covid-19, muy justificadamente se aprobaron dos paquetes de ayuda económica en 2020. En estos dos últimos casos, la mayoría de estos recursos apoyó directamente a la clase media. En el primer artículo que escribí al inicio de esta pandemia, ya recomendaba ese estímulo directo, aunque en ese momento sonaba como una medida extremadamente atrevida. El primer paquete fue de US$ 2 billones y el segundo, de US$ 900.000 millones.

Pocos se oponían a estos dos paquetes de estímulo económico. Algunos temían que esa cantidad de recursos causara inflación. Al fin y al cabo, si aumenta la masa monetaria —sin incremento directo en la producción— se generaría inflación. Como la pandemia era una situación extrema, había que intentar medidas extremas. Ambos paquetes fiscales tuvieron respaldo bipartidista y fueron cómodamente aprobados.

Durante los primeros meses de su gobierno, Joe Biden consiguió la aprobación de un tercer paquete de estímulo económico, pero al igual que aquella reducción de impuestos de Trump, lo logra solo con los votos de su partido, esta vez los demócratas. Este nuevo paquete tiene un impacto adicional de US$ 1,9 billones. Han aumentado las voces que alertan sobre el aumento de la inflación y la expansión del déficit fiscal, pero aparentemente la política expansiva ha funcionado, apoyando a los más golpeados de esta pandemia.

Ahora, Biden propone un cuarto paquete que no solo cubre infraestructura física, sino también inversión en salud pública, tecnología y medio ambiente. La inversión en infraestructura ha sido durante muchos años un caballo de batalla bipartidista; al fin y al cabo, EE.UU. requiere de mucha inversión en puentes y autopistas. Lo bueno de este paquete es que Biden identifica fuentes de financiamiento revirtiendo la reducción de impuestos corporativos del 21% al 28% (no al nivel anterior del 35%). O sea, tiene algo de financiamiento, aunque persistiría el déficit. El gasto sería ejecutado en ocho años, mientras la recuperación de ese dinero por la nueva carga tributaria se materializaría en al menos 15 años. Todo dependerá del crecimiento económico de los próximos 10 años y de la pandemia. Además, con una tasa de interés cercana al 0% y la necesidad de gasto público, estas medidas tienen menos resistencia, pero igual es dinero que debemos pagar. Nadie discute su necesidad y urgencia: la discusión es cómo pagarlo.

En América Latina se vive la permanente tentación de contratar deuda para financiar indistintamente gastos corrientes o inversión. A diferencia de EE.UU., los países de América Latina no pueden hacer frente a niveles de deuda cercanos al 100% del PIB, y muchos ya se encuentran limitados en su capacidad de contraer más. El endeudamiento público para inversión tiende a ser sano, mientras que el financiamiento para el gasto corriente casi siempre es la antesala al cese de pagos o la renegociación de deuda. Por eso, países como Argentina y -sin duda- Venezuela, imprimen billetes para pagar el gasto y eso solo una enorme pobreza por la hiperinflación y la devaluación de sus monedas.

¿Cómo saber si esta propuesta es más ambiciosa de lo que la economía estadounidense podría procesar? Políticamente, la mejor medida de ese valor se expresaría en un amplio respaldo bipartidista. Es positivo que Biden lo busque. No somos incautos en pensar que los políticos renunciarán a sus ambiciones personales y partidistas por el bien y el futuro del país, pero sí es realista pensar -y hasta exigir que un programa tan ambicioso no puede ser aprobado solo con el respaldo de los legisladores del partido de gobierno. Si al menos consiguen un grupo de representantes y senadores republicanos, sería una buena señal de respaldo para un plan de esta naturaleza. Obviamente, lo más probable es que no consiga todo lo que plantee y eso no es malo, sobre todo para evitar el rápido endeudamiento público y las amenazas de inflación. El gobierno de Biden lleva solo unos meses y el camino de la recuperación económica va a requerir de varios paquetes económicos, por lo que la articulación política en el Congreso será clave para estos y otros planes.