¿Por qué el decreto de Trump que exige prueba de ciudadanía para votar podría afectar a muchas mujeres?
Por Karen Esquivel, CNN en Español
El decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ordena reforzar los requisitos de prueba de ciudadanía para el registro de votantes en las elecciones federales no solo afectará a inmigrantes indocumentados, según los críticos y analistas, sino que también podría privar del derecho al voto a mujeres casadas que cambiaron su apellido, personas de bajos recursos y adultos mayores.
La orden de Trump instruye a la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC, por sus siglas en inglés) a agregar el requisito y a retener fondos electorales de los estados que no hagan cumplir el requisito para los votantes que usan un formulario de registro de votantes genérico.
Además, instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a trabajar con el Departamento de Eficiencia Gubernamental para revisar los padrones electorales estatales en un esfuerzo por identificar a los extranjeros en las listas, y entregar esa lista a los funcionarios estatales y locales encargados de gestionar las elecciones.
Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos de Voto de la Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA), condenó la orden argumentando que “pretende trastocar las elecciones estadounidenses y privar del derecho al voto a millones de personas”. Además, calificó la directiva como una “importante extralimitación” y una “amenaza directa al derecho fundamental al voto”.
Según la Constitución estadounidense, los estados tienen la responsabilidad de administrar las elecciones federales mientras que el Gobierno federal desempeña un papel limitado.
“El decreto es ilegal y va contra la Constitución. Donald Trump está tratando de ampliar el poder ejecutivo sobre las elecciones, algo que realmente no es su tarea como presidente. Esto afectaría a millones de votantes, ya que intenta cambiar estas leyes”, dice a CNN Kira Romero-Craft, abogada y experta del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Con esta postura coincide el analista en temas electorales Ricardo Ramírez, quien dijo a CNN que el decreto es “un deseo del presidente Trump de que las cosas sean de cierta manera, aunque la Constitución dice que no puede ser así”.
“Este decreto reduciría dramáticamente el acceso a la boleta porque impone requisitos que muchas personas no pueden cumplir; por ejemplo, tener un documento como pasaporte o certificado de nacimiento para inscribirse para votar”, explica Ramírez.
Para Greta Bedekovics, directora asociada de Política Democrática del Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés), “esta orden debe ser impugnada ante los tribunales y revocada de inmediato” ya que va en contra de la legislación que “establece claramente que solo los estados y el Congreso tienen la autoridad para determinar las reglas electorales”.
La orden podría privar el derecho al voto de millones de estadounidenses que no tienen una prueba de ciudadanía o los recursos para adquirir una. Hasta 2023, cerca de 21,3 millones de estadounidenses (9%) no tenían acceso inmediato a un certificado de nacimiento o pasaporte, según datos del Centro Brennan.
Romero-Craft señala que la orden de Trump se asemeja a la Ley SAVE (SAVE Act), un proyecto de ley liderado por el Partido Republicano pendiente en el Congreso, que exigiría una prueba documental de ciudadanía estadounidense para registrarse para votar en las elecciones federales.
“Exigir pruebas de ciudadanía para ejercer el derecho al voto realmente no es algo necesario y en cambio afectaría a millones de estadounidenses elegibles para votar que no tienen acceso fácil a un pasaporte, a un acta de nacimiento o certificado de naturalización”, dijo.
El decreto impactaría a cualquier persona cuyo nombre legal no coincida con el de su certificado de nacimiento o pasaporte, como mujeres que cambiaron su apellido al casarse y su nombre no coincida con sus documentos oficiales. Según datos del Pew Research Center, el 79% de las mujeres en el país adoptó el apellido de su cónyuge.
Ramírez señala que es necesario pensar en este sector. “Habría que buscar algún documento oficial en el que se vea reflejado el cambio de nombre. Estamos hablando de millones de personas que se verían afectadas. Es algo sumamente torpe, es más bien un deseo que no tiene valor”.
Romero-Craft, del Centro Brennan, resalta las dificultades que enfrentarán estas mujeres. “Obviamente si cambiaron el nombre al momento de casarse, el acta de nacimiento no reflejará ese cambio”, dijo.
Agrega que también se verían afectadas personas jóvenes que estudien en un estado diferente en el que nacieron, ya que podrían no tener acceso fácil a su documentación, personas mayores que no han actualizado documentos como el pasaporte, así como ciudadanos que no tengan los recursos para actualizar o tramitar alguno de los documentos necesarios, los cuales deben pagar.
Según un análisis del Centro Brennan, “en el caso de un cambio de domicilio por internet en su licencia de conducir, el registro de votante no se actualizaría automáticamente, sino que la persona tendría que llevar su pasaporte o certificado de nacimiento a una oficina electoral para actualizar su registro de votante”.
Para Ramírez, experto en temas electorales, el voto por correo también se vería impactado porque “impediría que se cuenten las boletas que llegan después de la jornada electoral” ya que Trump también ordenó a su secretaria de Justicia que tome “acciones de cumplimiento” contra los estados que aceptan boletas por correo que llegan después del día de las elecciones. Aproximadamente 20 estados, incluidos algunos estados clave, lo hacen actualmente, y la práctica fue el objetivo de litigios del Partido Republicano en el período previo a las elecciones de 2024, incluso cuando muchos de esos estados requieren un sello que confirme que las boletas estaban en el correo para el día de las elecciones.
El decreto de la Casa Blanca también tendría un efecto disuasorio en la participación electoral debido a la tarea burocrática que conllevar conseguir un documento de prueba de ciudadanía.
“Quizá haya mucha gente que se sienta menos alentada en cuanto a la participación electoral, en muchas ocasiones hay ese efecto y en parte es lo que se busca: causar revuelo para sembrar la duda o estar en posición conflictiva en cuanto a democracia”, considera Ramírez.
Romero-Craft opina que no es un tema fácil para ciertas personas: alguien que piense que implica mucho problema, va a dejar de hacerlo.
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