Estos son los estados y ciudades “santuario” y así responden a los planes de deportación de Trump

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Las “ciudades santuario”, aquellas con políticas que limitan la colaboración de sus autoridades locales con los agentes federales de inmigración, están en la mira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues considera que son un obstáculo en sus planes de deportación masiva.

Durante una reunión con embajadores en la Casa Blanca el 25 de marzo, el presidente aseguró que pronto podría emitir un decreto para eliminar este estatus que tienen ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Chicago. “Vamos a poner fin a las ‘ciudades santuario’ para algunas de estas jurisdicciones que no están cooperando con las fuerzas del orden”, dijo Trump.

La amenaza no es nueva. Durante su campaña electoral, Trump prometió que trabajaría en favor de una legislación para prohibir las “ciudades santuario” pues considera que sus políticas ayudan a los inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos con antecedentes penales, a evadir la ley. El día que tomó posesión firmó un decreto en el que ordena retener fondos federales a las jurisdicciones que no cooperen con la aplicación de las leyes de inmigración.

Sin embargo, los alcaldes de estas ciudades (lideradas por demócratas) defendieron ante el Congreso a principios de marzo su enfoque hacia la aplicación de las leyes de inmigración y rechazaron el argumento de que estén violando las leyes federales.

“Para ser claros: una clasificación de ‘ciudad santuario’ no significa que nuestra ciudad será un refugio seguro para criminales violentos”, dijo el alcalde de Nueva York Eric Adams durante esa audiencia ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en marzo.

Los partidarios argumentan que estas políticas construyen confianza, al alentar a los inmigrantes indocumentados a denunciar delitos y buscar ayuda sin temor a ser deportados. Sus críticos afirman que permiten a los indocumentados, incluidos aquellos con antecedentes penales, a evadir la aplicación de la ley de inmigración.

Más de diez estados y un centenar de ciudades en Estados Unidos tienen leyes formales e informales que se califican como posiciones de “santuario”. Ante las severas medidas de Trump contra la inmigración, varias de estas ciudades han tomado medidas para seguir protegiendo a la comunidad inmigrante.

El concepto de “ciudad santuario” es un término amplio pero, en general, se refiere a jurisdicciones que tienen políticas que limitan la cooperación con las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

A menudo estas jurisdicciones se niegan a cumplir solicitudes de detención de ICE, muchas restringen a su policía y autoridades locales de preguntar o compartir el estatus migratorio de sus residentes, entre otras medidas que buscan generar mayor confianza entre las comunidades inmigrantes.

California, Colorado, Connecticut, Dakota del Norte, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont y Washington son los estados que tienen políticas de santuario, según el Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), una organización no partidista y sin fines de lucro que investiga la política de inmigración de EE.UU.

Algunas de las ciudades más importantes del país como Chicago, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles o Denver forman parte del centenar que tienen ordenanzas de santuario y limitan su colaboración con las autoridades de inmigración.

Ante las severas medidas contra la inmigración del Gobierno de Trump, los gobiernos de diversas “ciudades santuario” como Chicago, Denver, Los Ángeles o Washington han lanzado campañas y guías en varios idiomas para ofrecer información a los inmigrantes sobre sus derechos y sobre qué hacer en caso de que los agentes de ICE intenten ingresar a edificios y espacios públicos, como hospitales y escuelas.

Las Escuelas Públicas de Chicago cuentan con políticas para proteger a sus estudiantes y personal. Estas incluyen impedir que las escuelas asistan a ICE y prohíben a los agentes de inmigración ingresar a los campus a menos que tengan una orden judicial. Además, el distrito escolar ha proporcionado a las familias los manuales de “Know your rights” y ha compartido información sobre recursos legales disponibles para inmigrantes y refugiados.

Durante la audiencia en el Congreso en marzo, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, defendió su estatus de “ciudad santuario” y dijo que la ciudad es más segura gracias a esta ordenanza que asegura que la policía se concentre en las prioridades de aplicación de la ley en lugar de las leyes de inmigración.

“En pocas palabras, cualquier acción que amplifique el miedo a las deportaciones hace que Chicago sea más peligrosa”, sostuvo Johnson.

En Denver, el gobernador Mike Johnston dijo que la ciudad recibió a unos 42.000 migrantes durante 18 meses después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, comenzó a transportar migrantes en autobús a ciudades “santuario” como una afrenta a la administración de Joe Biden.

Johnston dijo que algunos de los migrantes no estaban preparados para el clima frío y Denver ayudó a asentarlos por lo que ahora no hay campamentos ni refugios abiertos. Incluso, dijo, los números de criminalidad disminuyeron.

“Tenían miedo del crimen y la falta de vivienda y estaban preocupados por lo que estas nuevas personas podrían quitarles. Entiendo ese miedo, y la verdad es que las personas que son nuevas en este país hacen cosas buenas y malas, al igual que todos nosotros”, dijo Johnston.

CNN obtuvo el manual distribuido al personal de la ciudad de Denver en el que describe varios escenarios y explica los pasos que deben seguir los empleados ante la presencia de un agente de ICE. La política establece claramente que un empleado no debe intentar detener a un agente federal de arrestar a alguien.

Funcionarios de Denver también desarrollaron un plan de cuatro puntos sobre cómo responder a las redadas de ICE. El plan incluye directrices para colaborar con el gobierno federal en la detención de criminales violentos, similar a lo que se hizo durante la administración de Biden.

Pero la colaboración se detiene en gran medida ahí. Johnston dijo que no ayudarán ni apoyarán las operaciones de ICE en la ciudad, y llevarán a la agencia a los tribunales si apunta a personas en lugares sensibles, como escuelas e iglesias.

Dos grandes ciudades de California, Los Ángeles y San Francisco, tienen ordenanzas que prohíben a los empleados de la ciudad ayudar a ICE a menos que lo requiera la ley federal.

Semanas después de que Trump fuera reelegido, el Concejo Municipal de Los Ángeles votó unánimemente para adoptar una ordenanza de “ciudad santuario”.

Por su parte, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles reafirmó su estatus de santuario, que incluye protección para las familias inmigrantes y la aplicación de un trato “respetuoso” a los miembros de la comunidad LGBTQ, entre otras medidas.

En Nueva York, que ha sido “ciudad santuario” desde 1989, las iniciativas por mantener este estatus parecerían haber perdido fuerza después de que el alcalde demócrata Eric Adams expresara cierta apertura a la agenda de inmigración de Trump.

Durante la audiencia en el Congreso, Adams recibió elogios de algunos republicanos por su disposición de trabajar con el “zar de la frontera” Tom Homan. Los demócratas, por su parte, lo cuestionaron por la polémica que lo rodea después de que el Departamento de Justicia ordenó que se le retiraran los cargos federales de corrupción que enfrentaba para que pudiera ayudar a las políticas de mano dura contra la inmigración.

“Creo que fui extremadamente claro: No hubo quid pro quo, ni acuerdo”, dijo Adams.

Mientras tanto, las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York han estado preparando a su personal para posibles encuentros con agentes de ICE.

El sistema escolar más grande del país envió un memorando a los directores de las escuelas recordando al personal que los agentes de ICE no tienen permitido el acceso a los terrenos escolares “sin la autoridad legal adecuada”.

La carta también enfatizó que todos los niños en la ciudad tienen derecho a una educación independientemente de su estatus migratorio o de asilo y que el sistema no recopila información sobre el estatus migratorio de ningún estudiante.

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Con información de Kate Sullivan, Eric Levenson, Angélica Franganillo-Díaz, Elizabeth Wolfe, Rosa Flores, Sara Weisfeldt, Andy Rose, Gloria Pazmino, Norma Galeana y Javon Huynh de CNN.